jueves, 28 de febrero de 2013

¿Ha muerto la indignación? (un post necrológico)


La indignación no ha muerto, pero el autor del panfleto aquel que exhortaba a la indignación sí. La defunción de un personaje célebre siempre nos brinda la ocasión de leer todo tipo de hagiografías y escupitajos en los medios, como ya en su momento se esgrimieron sobre su opúsculo, y no es algo a lo que uno se preste encantado de la vida. En este caso, quizá también sea el momento para, como buenos caminantes, volver la vista atrás y tratar de pensar si aquella agitación popular que fue anunciada por algunos de sus protagonistas como verdadero “acontecimiento”* lo fue tal o si, por el contrario, fue un gesto más grandilocuente que históricamente significativo.

Quizá sea prematuro, claro, hablar “históricamente”. Es común experimentar la necesidad de apresar nuestro tiempo en conceptos, por apropiarnos indebidamente de una expresión especialmente lograda de lo que el pensamiento se propone**. El mismísimo Kant, tan prudente, incurrió en semejante intento cuando respondió a aquella capciosa pregunta lanzada por el clérigo Zöllner en un boletín berlinés allá por 1783. Sí, sí, aquella pregunta que rezaba: ¿qué es la Ilustración? En su respuesta se aprecia que el sabio prusiano, como cualquier hijo de vecino, quería definir qué era lo que hacía de la suya una época especial. Y no se le puede negar que dio con lo que se dice una definición feliz: solo espíritus muy refractarios a las enseñanzas oficiales se resistirían a admitir que el de Kant fue el Siglo de las Luces y que, una vez abandonada la caverna y alcanzada su mayoría de edad, la puerta al paraíso de la inocencia habría quedado definitivamente clausurada para los hombres. Emitir un juicio o improvisar una definición más o menos cabal de lo que fue el quincemayismo o, más en general, tratar de componernos una imagen de en qué quedaron aquellos ánimos levantiscos que empezaron a soplar en la primavera de 2010 es, seguramente, una tarea más ingrata que definir la Ilustración, tan lustrosa ella. Pero ya que los propios quincemayistas concibieron su arranque como un “acontecimiento” histórico, tratemos de aplicar sobre el mismo una perspectiva ligeramente –ni tres años- más distanciada.

Pensemos entonces, y un poco en tono de obituario, en el legado de Hessel. Por un lado, porque la suya, que más que una vida parece unas cuantas, es todo un recorrido por lo que ha sido el siglo XX europeo: sus tribulaciones, sus desdichas y hasta sus logros***. El panfleto aquel que publicó más recientemente y que tanto inspiró a la juventud enardecida de nuestro país ha sido, sin embargo, un éxito de público y ventas muy desproporcionado con lo que en efecto se puede encontrar ahí una vez que nos decidimos a leerlo. Es una llamada a la indignación, sí, y la indignación es una pasión moral muy importante, una pasión que no debemos abandonar. Es casi la pasión moral y política por antonomasia. Quien se indigna no solo es sino que también se muestra sensible a un determinado juicio moral negativo, y ser capaces de formular este tipo de juicios nos convierte en personas críticas. Además, airear el vicio ajeno siempre redunda en la virtud propia.

Pues bien: de ¡Indignaos! se puede decir que es, ante todo, un alarido. Y aunque de un alarido no cabe estimar su interés literario o teórico, sino su valor performativo, creemos que de él cabe señalar que es por un lado insuficiente, por otro impreciso, y por otro… y por otro decepcionante, y un poco tramposo.

Quien se indigna, decíamos, muestra haber realizado un juicio desfavorable respecto de una situación que se considera moral o políticamente inadecuada, y haber reaccionado pasionalmente a dicho juicio. Juzgar algo como indebido y no experimentar la pasión correspondiente sería una especie de incoherencia práctica difícilmente presentable. Pero también, por eso, quien se indigna no desea hacerlo en solitario: si reconocemos como válido un determinado juicio moral, no solo debemos reaccionar de manera consecuente sino que, además, esperaremos que los demás reaccionen también de manera consecuente. Indignarse no es algo que quepa hacer en solitario, y por eso es una pasión proselitista y contagiosa.

De manera que la exhortación a indignarse del indignado da testimonio de la buena intención de quien la profiere, y hasta da a entender que existe un juicio moral debidamente justificado que la fundamenta. Pero la exhortación misma, como tal, no es equivalente a un juicio razonado y sofisticado sobre cuál es el objeto de la indignación, y por qué lo es. Y es que la indignación siempre se expresa en negativo -esto no puede ocurrir nunca, en ningún lugar. Suscita consenso pero, dada su naturaleza de reacción a la contra, no se convierte jamás en una pasión proactiva, por usar una palabra fea donde las haya. Para que la indignación no se convierta en una especie de coitus interruptus y tenga algún efecto concreto sobre la vida real, haría falta otra pasión que constituyera, por así decir, su reverso: una especie de entusiasmo ante un conjunto de propuestas concretas, en definitiva. Por eso, claro, luego Hessel exhortó al compromiso y nuestros hesselianos locales a la reacción (¡glub!). Sin embargo, las indicaciones en positivo no obtuvieron el mismo respaldo y adolecieron de similar pobreza analítica que la exhortación en negativo, y no es de extrañar que el paso inexorable del tiempo acabara por segar y aplastar el movimiento primaveral con invernales hoces y martillos.

Pero como decíamos, además de insuficiente, su llamada a la indignación fue poco clara: aludió al paso a algunos de los culpables de nuestros males, pero un examen detenido del mundo que habitamos nos obligará a reconocer que, por ejemplo, no es verdad que vivamos bajo la dictadura de los mercados. Ni siquiera diríamos, y eso que la propuesta de Acemoglu y Robinson tiene mucho más fuste, que estamos al albur de ciertas "élites extractivas". O por lo menos lo importante no es solo calificar genéricamente a nuestros tiranos. No basta condenar a los especuladores o a su idea platónica, la especulación; no basta condenar a los banqueros o a su hipóstasis terrena, la banca. Lo cierto es que sufrimos la influencia de personas muy concretas (lo hemos visto recientemente con el escándalo de las Cajas: políticos, sindicatos, negociantes... gente con nombres y apellidos) que ocupan puestos específicos dentro de esos mercados y de las instituciones. Por eso necesitamos, fundamentalmente, buenos análisis políticos sobre los que fundar los alaridos. Aunque sean parciales, aburridos, prosaicos, concretos y, las más de las veces, de vuelo bajo.

Así que nos parece que el librillo aquel fue sobrevalorado tanto por sus detractores como por sus defensores, porque lo cierto es que no dice gran cosa y -de eso es prueba este extraño escrito- se le ha prestado una considerable atención. Por otra parte, está muy bien que en un momento dado la gente se haya plantado, pero es insuficiente y pueril conformarse con eso. La gravedad de la situación requería (requiere) otra cosa -tomar el sistema, hacerse con las instituciones que nos han sido sustraídas además de, incluso en lugar de, tomar calles y plazas. Por otra parte, y sin restarle importancia a una sociedad civil movilizada que aspira a influir, a veces a determinar, la agenda política, lo cierto es que a dicha sociedad civil le resulta muy difícil superar su atávica condena a presentarse como mera contrapolítica: como corriente que aglutina voces discordantes en torno a un sonoro "no" pero incapaz de responder al malhadado "y entonces, ¿qué?".

Se puede añadir que Hessel, no obstante, fue algo más que un paladín de la indignación y el compromiso. También se presentó como un artífice del optimismo y de la solidaridad intergeneracional. Pero no, aquí sí que no. No se puede ser optimista en la situación actual, aunque tampoco, es comprensible, dejar de querer serlo. En nuestro país nos hemos creado unas expectativas muy elevadas y que parecen destinadas a quedar en nada. Mucho me temo que en el desengaño al que, como sociedad, estamos abocados somos los menores de 40 y los mayores de 65 los que nos veremos arrinconados por la generación que ostenta el poder y las propiedades. Personas concretas, desde luego. Así que solidaridad intergeneracional sí, pero la justa. Y el optimismo es más una aspiración que una alternativa disponible: no podemos aferrarnos ya al espejismo del cuerno de la abundancia que nos sedujo en el pasado y dejar escapar las (escasas) ocasiones de mejora que nos brinda el propio presente.

Todavía queremos añadir una observación, esta ya de indignación, a toda la morralla argumentativa de la indignación orquestada. Y es que inducir al prójimo a la indignación, a este tipo peculiar de indignación que en el manifiesto de Hessel y en el 15M se estuvo ventilando, conlleva un no-sé-qué que resulta políticamente engañoso y, si apuramos, perverso. El presupuesto que se desliza cuando pedimos al "pueblo" o, en su versión secularizada, a la "sociedad civil" o a los "ciudadanos" que reaccionen es que estos constituyen un grupo (y en tanto que grupo se le presupone homogéneo, al menos en un sentido puramente metafísico, como substancia unitaria). Un grupo separado de otro segmento del conjunto de la sociedad que es el Estado y las distintas dependencias del mismo. Por un lado lo público, por otro lo estatal. Y lo político… bueno, lo político… lo político ya veremos. La cuestión es que esa separación que se presupone entre lo público y lo estatal es artificiosa, y no es éste un artificio inocuo. Que la política de veras, la que goza de todo el prestigio moral e intelectual de los ciudadanos, sea solo aquella que se practica fuera de las instituciones políticas e incluso de espaldas a éstas es una situación un tanto extravagante. Que la extravagancia sea la norma da lugar a paradojas como la que se nos plantea cuando advertimos que, si nos tomamos en serio esa separación, no hay manera de distinguir la legitimidad de las voces disidentes más enaltecidas de otras formas ciertamente siniestras de sottogoverno. Y así, si nos empeñamos en separar lo público del Estado… ¡luego no nos lamentemos cuando lo público se desintegra precisamente a causa de ciertas razones de Estado! Pues bien merecido nos lo tenemos.

De la supuesta separación entre una sociedad civil noble y una casta política embrutecida emerge, además, una superchería que puede ser muy dañina para la cosa pública: la que podríamos nombrar como la Superstición de la Comunidad Razonable, y que consiste en creer que cualquier decisión, siempre que emane como voluntad general de una comunidad amplia y suficientemente concorde, es la mejor decisión posible. Según esta creencia tan arraigada y que ha permitido fructificar la alegre aunque efímera eclosión de asambleas de barrio, la comunidad santificaría la vida política. Pero es este uno de los amuletos menos recomendables de la salmodia indignada: y es que, quienes hemos leído a historiadores del día a día de la democracia asamblearia ateniense como el buen Tucídides, mucho nos tememos que la comunidad suele ser más bien un avispero caótico y, muchas veces, peligroso. Desengañémonos: la fraternidad muchas veces es de la variedad cainita.

Pero que no existe tal dualidad entre sociedad civil y gobierno se hace manifiesto cuando son precisamente los políticos quienes, con ademán solemne, encabezan manifestaciones. Algunas de ellas (pues como del amor, de la política todo es de temerse) contra los propios políticos. Lo que no significa, claro, que no exista alternativa política alguna a los llamados "partidos tradicionales", y mucho menos que hayamos de estar condenados ya de por vida a un canovismo mostrenco y hediondo. Hay, por ejemplo, partidos emergentes: es el caso de UPyD y seguramente de alguna de las facciones de IU. También hay muchas formas de participar en lo político sin integrarse en sus órganos representativos: distintos tipos de vigilancia más o menos formal de la cosa pública o distintos modos de recurrir a lo que Kant (¡otra vez!) llamaba el uso público de la razón. Fedea, Politikon o ¿Hay derecho? son espacios de reflexión y análisis más que estimables en este sentido. Y, cómo no, también está la mismísima denuncia judicial. Vamos, que no estamos obligados a elegir entre una antipolítica descoyuntada y un partidismo fideísta.

Pero, claro, toda esta metralla no es algo que Hessel estuviera en condiciones de ofrecernos, ni siquiera con toda su experiencia política y diplomática. Yo creo, a la vista de las cosas que pensó y que contó, que no le faltaba intuición civil ni buena intención, pero sí profundidad. También le sobraba, me temo, algo de sectarismo, pero esto lo añadimos haciendo pie en nuestro natural recelo ante quienes fungen en la vida pública de bueno profesional. Sin embargo, esa profundidad que le faltaba es (hélas!) incompatible con el populismo y quizás hasta con la popularidad. De manera que (como suele ocurrir) las cosas fueron como solo podían ser.

Escrito por Andrés González y Rocío Orsi
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*Creemos recordar que, en al menos uno d ellos manifiestos que circularon del 15M, se calificó dicho movimiento de "acontecimiento". Sin duda, quien lo escribió tenía lecturas filosóficas, pues aludía a la discusión presente en Kant entre un mero suceso o evento histórico y un acontecimiento que, como la Revolución Francesa, marca una época y constituye, ahí es nada, un indicio de la tendencia de los hombres al progreso.

**La víctima del latrocinio es Hegel, aunque, en realidad, lo que dice Hegel es que la filosofía es el propio tiempo aprehendido en conceptos.

***Suponiendo, por ejemplo, que la Declaración del 48 o la actividad diplomática de la ONU lo sea.


miércoles, 13 de febrero de 2013

Proteger a los hipotecados ¿es de derechas o de izquierdas?

El Estado deja de ingresar más de 5.000 millones de euros al año por la ayuda, vía desgravación, a quienes compraron su primera vivienda y aseguran utilizarla de un modo habitual. Si tomamos el acumulado 2000-2010, el importe es mayor que el rescate a la banca financiado por Europa.

La deducción por compra de nuevas viviendas, pese a la contumacia del Partido Popular, fue eliminada desde este ejercicio 2013.  Se mantiene, no obstante, el apoyo a la compra de primera vivienda para el ejercicio de renta 2012 comprada antes de la supresión de la ayuda. Es un derecho adquirido.

Este derecho adquirido podría ser suprimido cambiando el reglamento del IRPF y, si tuviera que apostar, creo que veremos llegar dicho cambio más bien pronto que tarde. ¿Atentaría esto contra la seguridad jurídica al implicar retroactividad? No: sería un cambio retroactivo si se revisaran las liquidaciones de 2011 y anteriores. Que no se deba acometer dicho cambio es, para ser exactos, un pacto tácito con cierta vocación de permanencia. Resulta tan arduo propiciar una transformación como esta como lo será cambiar el régimen foral, lo fue eliminar el diezmo o el derecho de pernada, o incluso arrinconar cierta prerrogativa merengue de imponerse al Atleti.

Sin embargo, con 5.000 millones de euros al año se podría ofrecer vivienda en alquiler social a más de un millón de hogares. En un plazo corto, y sin que afectara al déficit y por tanto sin exponernos a nuevos sobresaltos en el mercado de deuda, puede ofrecerse una solución a miles de familias que tienen que lidiar cada día con la amenaza de ir a dar con sus huesos en la calle.

Pero no parece que haya voluntad alguna de proponer soluciones complejas y sostenibles (¡ahora que todo tiene que ser sostenible!) a un problema de tan hondo calado social y emocional como este. El público parece decantarse por debates en los que un indefinido nosotros pide a un más abstracto todavía ellos que ponga fin a un supuesto genocidio. Es triste ver a la izquierda más sentimental, tradicional e irreflexiva sostener una lógica con el poder en la que asume el papel de un súbdito o un criado que tratara de obtener prebendas de los poderosos y de, a ser posible, amarrarlas. Me pregunto por qué se ha introyectado hasta ese punto el rol del súbdito, por qué somos tan reactivos a asumir nuestro papel de ciudadanos y hacernos cargo de hecho del poder, con toda la carga de derechos y con sus correspondientes obligaciones. 

Lo que me propongo ahora es deconstruir la mentalidad política española más popularizada en el presente, a saber: la de que las familias españolas están en su mayoría hipotecadas y que, por ende, proteger a los hipotecados es proteger el bien común. Quiero mostrar por qué en el debate público se desliza peligrosamente la identificación "familia" e "hipoteca" y por qué dicha ecuación no solo es falsa sino también perniciosa. Y digo "deconstruir" porque, en el proceso de destrucción de la ficción de marras, pretendo señalar, a un tiempo, su genealogía. De ese modo se pondrá de manifiesto el procedimiento y las razones por las que el mito de "la España hipotecada" ha borrado sus propias trazas de mito y se nos ha presentado como el "hecho" más certero de nuestra realidad social.
Y es que ni el más organizado lobby podría haber construido mejor la fábula de que todos los españoles están hipotecados. Acaso no hay servidumbre más eficaz que la voluntaria. Pero el hecho es que, según la encuesta ECV del INE Octubre de 2012, solo el 29% de los españoles vive en una casa hipotecada. Y esta cifra presenta, además, una tendencia a la baja.

Aquí tienen el Gráfico 1: Régimen de tenencia de vivienda en España (ECV. INE Octubre 2012)




Por otro lado, si atendemos a las preocupaciones que afectan directamente  a los ciudadanos y que se reflejan en el barómetro del CIS, la ansiedad que produce el paro multiplica al menos por 10 a la inquietud de los españoles por la vivienda.

Vean si no el Gráfico 2: Barómetro del CIS (Diciembre de 2012)



Últimamente es habitual referirse, para calificar algunos terribles suicidios que han tenido lugar, al genocidio de la banca y al terrorismo financiero. De ese modo, parece que la desesperación de los desahuciados hipotecados que ponen fin a su vida fuera parte del paisaje emocional español cotidiano. Pero no es eso lo que dicen los datos.

Según la OMS, en España hay menos de diez suicidios por cada 100.000 habitantes, muchísimos menos que en Cuba, EEUU, Suiza, Islandia, Suecia, Alemania. La mitad que en Francia, un tercio de los que hay en China y entre 3 ó 5 veces menos de los que hay en Japón, Corea del Sur o Rusia.
No se me malentienda: un suicidio es ya demasiado. Sin embargo, a la vista del número de hipotecas suscritas y el régimen de propiedad, no parece razonable establecer una correlación entre el número de suicidios y la que podríamos denominar crisis hipotecaria actual.

Fuente Wikipedia a través de OMS 2005





Otro dato: a pesar del apagón estadístico que se decretó en 2010 sobre este asunto, la última cifra que he podido conocer para ese año es de 3.145 casos, de los cuales un tercio podrían tener a la crisis económica como causa concurrente. Los 3.145 casos sobre 40 millones seguiría estando por debajo de 8 casos por cada 100.000 habitantes, que es el dato que la OMS daba para 2002. 

Por tanto, solo en 2010 hubo unos mil casos de suicidio en los que la situación económica fue uno de los factores desencadenantes. Desde 2010 hay documentadas en prensa 12 muertes por suicidio ligadas a un desahucio. Luego son menos de un 1% de entre los que se suicidaron desesperados por la crisis. Puestos a buscar causas, parece razonable que el paro, la reforma laboral o los impagos que vienen sufriendo autónomos y empresas sean más determinantes a la hora de precipitar una reacción tan desesperada. Queda pendiente de investigación.

De manera que, sin pretender negar que existe una preocupación social por el aumento del número de desahucios y que se impone una solución política justa, generosa y prudente, no debe hacerse demagogia ni disparar todas las alarmas sociales por un uso cuando menos frívolo de los conceptos de genocidio o terrorismo. Primero, hemos de describir cuidadosamente el problema social, y veremos que la realidad es mucho más compleja de lo que a primera vista puede parecer.
Y, una vez caracterizado el problema social, convendría reparar en la maraña de intereses que mancomuna a empresas, sobornadores de partidos políticos y legisladores propietarios.

Evidentemente, sobre todos estos factores tenemos muchos menos datos, pero si atendemos a los elementos más grotescos que han salido a la luz últimamente podremos formarnos un mosaico rudimentario del estado de la cuestión.

He aquí el Gráfico 4: Ranking de hipotecados en el Congreso y en el Senado 
 (merecen, por cierto, mención especial el CiU team, así como el prometedor secretario del PSOE Óscar López y, cómo no, Andrea Fabra, quien, a pesar de que su familia se ha visto favorecida por un azar bien generoso, no cabe duda de que quiere reducir su factura fiscal y tiene una gran hipoteca)


Un breve desglose: entre los 9 ministros diputados tienen un total 23 viviendas. También es destacable el caso de la presidente de la CNMV, Elvira Rodríguez, que, con cinco viviendas en propiedad (dos de ellas en Madrid), ha cobrado dietas de alojamiento por estar desplazada en la capital (!). Sin duda, el caso más destacado es el del diputado del PP Fernando López Amor, con nada menos que 32 viviendas en propiedad.

Una tercera parte del total de los diputados poseen más de tres viviendas: es comprensible que sean sensibles a la evolución de sus precios. En cualquier otro ámbito diríamos que hay conflicto de intereses, y quizá por eso les preocupa más el mantenimiento del precio de la vivienda que esa especie de maldición bíblica que es el 60% de paro juvenil. Tampoco parece preocuparles que el Estado tenga una inversión inútil en ladrillo a través del SAREB y FROB. Una inversión, por cierto, mucho mayor que el presupuesto en educación.

Vean la radiografía de las propiedades de los diputados: http://www.idealista.com/news/archivo/2012/02/22/0405271-un-tercio-de-los-diputados-posee-tres-o-mas-viviendas .Con sus más de 1.000 viviendas en propiedad, más parecen una inmobiliaria que un grupo de parlamentarios.
Que solo once diputados no posean vivienda (3%) es representativo del sesgo que afecta a quienes se espera que promuevan una legislación al respecto. En cualquier otro contexto dicho sesgo, insisto, los invalidaría como legisladores por conflicto de intereses. No obstante, si tenemos en cuenta que en el exiguo grupo de quienes optan por otra alternativa a la vivienda en propiedad están Elena Valenciano o González Pons, el sentido común nos urge a sospechar que ciertas estructuras societarias adelgazarían aún más esta raquítica cifra.

Sería muy deseable asistir a un strip tease inmobiliario de los directivos de prensa. A falta de tan deseable espectáculo, pensemos en un dato tan objetivo como público: el enorme peso de los anunciantes que tienen que ver directamente con el sector inmobiliario en los medios de comunicación es una penosa realidad cotidiana (y a propósito de esto: los oyentes de Onda Cero estamos tan saturados de GILMAR que no se extrañarán del desparpajo con que antes me refería al Atleti).

No obstante, más allá de si existe un interés particular de ciertos sectores sociales en proteger el precio de la vivienda y la situación de los hipotecados, y más allá de si el debate sobre los efectos devastadores de los desahucios puede matizarse para mejorar la calidad del debate, hay que abordar la pregunta que ahora mismo está en el aire: proteger a los hipotecados, ¿es de derechas o de izquierdas?

A estas alturas creo que podríamos convenir que es más bien de zoquetes, de cobardes, de malvados o de insensibles, y de esos los hay a babor y a estribor.

Pues bien: la derecha más rancia dirá que esta deducción corresponde a la devolución de impuestos previamente pagados, y la izquierda más recalcitrante que el Estado debe promover el derecho a la propiedad de vivienda porque es un derecho adquirido -y recogido en la Constitución, afirmarán los más audaces. Aducirán que la eliminación de la deducción por vivienda es un ataque a las clases medias y que vulnera la seguridad jurídica.

Alistados a la derecha o a la izquierda pero en todo caso en la ineficiencia, quienes defienden la subvención de la vivienda en propiedad suelen coincidir con los propietarios. Muchas veces también coinciden con quienes se resisten a reducir las cotizaciones sociales (impuesto al trabajo) de trabajadores por cuenta ajena y autónomos, una medida más que razonable para más gente pueda tener un empleo. Estos mismos se han permitido incumplir el Pacto de Toledo, se saltaron el convenio de funcionarios o usaron sus cajas de ahorro para distribuir preferentes y acciones a la red minorista, un latrocinio de tal calibre que sin duda podría haber llegado a azorar al mismísimo Dioni. Estos son los garantes de la seguridad jurídica que muestran cobardes reticencias a tocar la deducción por vivienda.
Lo cierto es que los hipotecados recibían esta ayuda para hacer frente a los costes financieros de su "inversión", o al menos así se justificó la introducción, dichos costes se sitúan hoy en tasas ridículamente bajas. Por otra parte, la deducción por vivienda es una medida no solo antieconómica, sino profundamente antiproporcional, pues beneficia en mayor medida a quienes más capacidad de pago tienen y perjudica a todos los que no poseen vivienda en propiedad ya que genera una barrera de entrada.
Lo que necesitamos, pues, es hacer frente a una realidad social que nos preocupa: el aumento de familias arruinadas, con o sin vivienda, que merecen una segunda oportunidad que les permita empezar de nuevo, sin arrastrar el lastre de un proyecto vital fallido. Las soluciones que pensemos han de ser complejas, técnicamente bien definidas, fundadas en datos fiables y, sobre todo, soluciones que (a diferencia de la "mera" dación en pago) afronten el problema de la quiebra familiar en su conjunto y no ofrezcan arreglos parciales y en ocasiones contraproducentes.
Una buena media sería la ley de segunda oportunidad que aparece en el programa económico de UPyD y que glosé aquí:
Siento que la reflexión y los datos que aporto no vayan en la dirección del griterío y de las antorchas. Seguro que a buena parte de la masa enfurecida le dará igual. El enemigo son ellos y la protección se vende (y se cobra, amici).
¡Viva el peronismo ladrillero español!
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Ps1: Seguramente sea hilar muy fino, pero ni siquiera a los hipotecados les conviene esta ayuda: reduce el potencial de la economía española que, en el largo plazo, determina el valor de sus propiedades. Pero es que en el corto plazo las ayudas del gobierno las pagan los ciudadanos, bien sea por subida de impuestos o bajada de prestaciones.

Ps2: Yo no tengo hipoteca y creo que es honrado decirlo. Fui propietario hipotecado (con reticencias) entre 2002 y 2008 y desde entonces vivo de alquiler. No piensen que guardo agazapada mi riqueza para comprar ladrillo en cuanto baje. Con la plusvalía rescaté a dos familiares autónomos e hipotecados e invertí en una start up.

martes, 5 de febrero de 2013

#Haysalida

Reproduzco el manifiesto de UPyD en el que se piden elecciones y abrir un periodo constituyente

Manifiesto por la Regeneración de la Democracia y la Refundación del Estado

5 de Febrero de 2013
Vivimos una emergencia nacional. La extensión de los casos y sospechas de corrupción en las principales instituciones del Estado y en los partidos políticos de gobierno y oposición, han convertido la profunda crisis política y económica en una crisis de confianza en el sistema democrático.

Nuestra democracia ha degenerado, alejando a las instituciones, y especialmente a los viejos partidos políticos, de los ciudadanos y de sus problemas.

Urge devolver la política a los ciudadanos, sus legítimos dueños, y restaurar la confianza en el buen funcionamiento del Estado. Porque la regeneración democrática no es sino que las instituciones políticas funcionen y cumplan su obligación constitucional.
Para conseguirlo encontramos imprescindible:

1 - Aprobar de modo inmediato Leyes eficaces contra la corrupción para acabar con la impunidad de los responsables, y en concreto para:

a)  la inelegibilidad de las personas acusadas por delitos de corrupción política.

b)  el delito de financiación ilegal de los partidos políticos.

c)  el delito de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos.

d)  el delito de omisión o falsedad de la contabilidad y patrimonio social de los partidos políticos y de los cargos públicos.

e)  reforzar la exigencia de responsabilidad por mala gestión a los cargos públicos al frente de sociedades o entes públicos.

f)  limitar la discrecionalidad de los indultos otorgados por el Gobierno, excluyendo a los condenados por delitos de corrupción.

2 - Reforzar la independencia y autoridad sancionadora de los organismos reguladores y de control público de la actividad económica privada y pública, como el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria o el Banco de España, acabando con su dependencia de los partidos políticos y del Gobierno.

3 - Aprobar una Ley de Transparencia exigente que incluya a la Casa Real, a los partidos políticos y sindicatos, y a cualquier institución que reciba ayudas públicas, obligando a dar información detallada y actual de su contabilidad y actividades, sin ampararse en el silencio administrativo o la justificación de la petición de información, y que regule la actividad de grupos de influencia o lobbys.

4 - Implantar una auténtica justicia independiente, acabando con el reparto del CGPJ entre las asociaciones de magistrados dependientes de PP y PSOE u otros partidos, y dotando a la administración de justicia de medios humanos y materiales suficientes.

5 - Aprobar una Ley Electoral justa y proporcional que favorezca la representación del pluralismo político existente, permitiendo la participación política real de todos los ciudadanos.

6 - Reformar la Constitución para que recoja las propuestas ciudadanas y resuelva el modelo territorial del Estado con el reparto de competencias y su financiación, mejore la separación de poderes, y asegure el derecho a la participación política, la igualdad jurídica y de oportunidades y las libertades personales.

Consideramos que todas estas medidas son imprescindibles para regenerar la democracia y restaurar la confianza ciudadana. Porque sin ellas no será posible superar con equidad la crisis económica, impulsar políticas activas de empleo y de creación de empresas, invertir lo necesario en educación e investigación, mantener y mejorar la sanidad pública y las pensiones, resolver el problema de los desahucios o la carencia de una política energética racional.

Son necesarias para racionalizar las administraciones públicas y suprimir el despilfarro en duplicidades y entes superfluos que se reparten los viejos partidos, o conseguir la regulación legal y transparente de las retribuciones a cargos públicos. También para restaurar la igualdad de los ciudadanos, acabando con los privilegios y con la discriminación por razones territoriales y lingüísticas, o para eliminar las trabas a la movilidad laboral, la apertura de empresas y el mercado único que lastran nuestra economía. Sin devolver España a los españoles tampoco tendremos una implicación más activa en la necesaria integración política, fiscal y económica de la Unión Europea.

Insistir en fórmulas inmovilistas o ya fracasadas para preservar la vieja política viciada que nos ha llevado a esta crisis no hará otra cosa que alejar a los ciudadanos de la política y aumentar la frustración, la indignación y la desesperanza, poniendo en peligro al propio sistema democrático.

Pedimos un Pacto de Legislatura en el que los principales partidos parlamentarios se comprometan públicamente a aprobar por vía de urgencia estas reformas legales y a modificar la Ley Electoral para, a continuación, proceder a la convocatoria de Elecciones Generales para abrir un periodo constituyente que ponga nuestra democracia a la altura de las exigencias del siglo XXI y permita la refundación del Estado según los procedimientos democráticos y con el protagonismo ciudadano.
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