martes, 27 de febrero de 2018

Votos, impuestos y pensiones.

Los optimistas más recalcitrantes tendemos a pensar que los pactos parlamentarios y la competencia electoral deberían mejorar nuestra política, los hechos en la España de las últimas décadas nos dicen todo lo contrario, el apuntalamiento de los gobiernos del PSOE y del PP por parte del PNV ha otorgado a los servicios públicos del País Vasco una sobrefinanciación de unos 2.000 € por habitante a costa del resto, 4.000 millones de € al año gracias al estéril, al menos en ese aspecto, enfrentamiento izquierda-derecha. 
De las pérdidas por la construcción nacional en Cataluña podremos hablar cuando terminen de caer los escombros y acabemos de recogerlos. 

La pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas ha dado lugar a movilizaciones y a que se reabra el debate sobre la última reforma, el caldo de cultivo es el de un parlamento que exige acuerdos y una interminable precampaña electoral en la que me temo viviremos como Murray en el día de la marmota.

Vayamos a los datos y veamos cómo se distribuye la cuantía y el número de pensiones en España:
(Enero 2018)














Las pensiones entre 600 y 735 €/mes son las más habituales, casi 2,5 millones de las 9,5 millones que hay. 

La seguridad social cierra 2017 con un déficit de 18.800 millones de € (en torno al 50% del total del déficit público) pese a haber batido la marca histórica de ingresos por cotizaciones. 

La subida del 0,25% anual no contiene el crecimiento del gasto en pensiones en la misma medida, ya que la esperanza de vida crece y además los nuevos pensionistas cobran mucho más que los que fallecen. Es el llamado efecto sustitución, las nuevas pensiones se acercan a los 1.350 € mensuales mientras que los que causan baja en el sistema tienen menos de 970 €. Ésto hace que el crecimiento sin revalorizaciones esté en un 3% anual.

Si tomamos ese crecimiento orgánico del 3% y además añadimos una revalorización anual del 0,25%, el 2% o el 3%* el déficit en las cuentas de la seguridad social en 2024 (sólo de ese año, no del acumulado) sería de 35,5 mil millones de €, 72,4 mil millones de €  y 117,8 mil millones de € suponiendo que las cotizaciones crezcan un 2% cada año. Para los audaces se puede cambiar la incógnita: para subir un 0,25%, un 2% y un 3% las pensiones es necesario que crezcan cada año los ingresos por cotizaciones un 3,39%, un 6,52% y un 9,63% para equilibrar las cuentas, ni que decir tiene que una crisis nos cogería con el pie cambiado y sin posibilidad de demasiadas maniobras.

¿Es posible subir las pensiones? sí, actualizar las de 2018 al IPC supondría algo más de 2,2 mil millones de €, se puede comparar con el cupo, la equiparación de sueldos de los funcionarios o incluso la casi olvidada (pero vigente) deducción por compra de vivienda superó los 1,2 mil millones de € (y 3,9 millones de beneficiarios).

¿Es conveniente? a corto plazo para los beneficiados sí, perdón por el perogrullo nivel galáctico, del 0,25% al 2% en una pensión de 1.000 €/mes habría una mejora de 17,5€ mes, 245 € al año. 

¿Es deseable? sinceramente creo que no y conviene activar el espíritu del Pacto de Toledo y del artículo 135 de la Constitución, no debemos pensar sólo en pagar las pensiones de 2018, queremos poder hacerlo dentro de 10 y 20 años y eso exige que el sistema sea sostenible (y ni siquiera hay certeza de que siendo prudentes la demografía no haga inviable el intento). Una subida de 100 pb en el coste de la deuda, un 1% supondría más de 11,4 mil millones de € al año en intereses.

Somos un país rico, viejo y propietario pero fuimos un país joven y emergente cuando trabajaban muchos de los que hoy están jubilados, con su esfuerzo, el nuestro y el de sus padres llegamos hasta nuestro pico de 2008 y ese país no se parecía casi nada al de 1958, en ese camino muchos de nuestros jubilados han llegado habiendo contribuido muy poco al fondo de pensiones y llevamos diez años en los que muchas rentas han sufrido y las oportunidades han escaseado, los mayores de 65 han sido los que menos han perdido en la década de la resaca después de la fiesta de la burbuja.

Encuesta de Condiciones de Vida (INE)


Para pagar el gasto público corriente (que está en máximos) si no queremos reducir gastos habrá que recaudar más, no cumplir el déficit no es opción y menos para los pensionistas, como pudimos ver en Grecia o Portugal las pensiones han llegado a bajar un 40%.  

Parece impensable que podamos acercarnos de nuevo y voluntariamente al precipicio y más ahora que se desinflan las opciones más revolucionarias pero resulta inquietante que un partido con el pasado del PSOE en la implantación del sistema de pensiones, del pacto de Toledo o del artículo 135 que tanto han hecho por la tranquilidad de los pensionistas juegue con frivolidad a decir que un impuesto a la banca puede financiar la subida de las pensiones, todo el beneficio de la banca por su actividad en España con sus más de 400.000 trabajadores son unos 15.000 millones de € anuales, no creo que piensen expropiarlo al 100% y ni con eso llegaría con las proyecciones que hemos mostrado, pero es que para más inri sería dispararse en el pie, ya que sí hay ingresos potenciales en la privatización de Bankia, unos ingresos que se reducirían si hay expectativas de alzas fiscales.

El electoralismo de todos los partidos del panorama actual y la elasticidad de los principios nos deben poner en cautela, si además la materia se presta al acuerdo táctico y fuera del Pacto de Toledo la cautela debe ir con distintivo especial.

La banca o sucesiones no pueden cubrir esas necesidades y el impuesto pese a haber sido confiscatorio en algunas ccaa no ha destacado por su gran potencia recaudatoria. Sí es más tangible recaudar más con los impuestos a los hidrocarburos, electricidad y especiales, ahí sí hay 15.000 millones de € al año de ingresos para el Estado ya con el nivel actual, pero también muchos votantes que quedarían escaldados, también es notable la recaudación por IBI, hoy es local y así se explica el superávit de los ayuntamientos que van a poder invertir 5.000 millones de aquí a sus elecciones. Electoralmente sale rana tocar a 20 millones de hogares con vivienda en propiedad para poder pagar a 9 millones de pensionistas, sobre todo porque más del 90% de los pensionistas son a la vez propietarios. 


Que suban sin miedo las pensiones y todos los gastos que puedan dar rédito electoral ¡ya lo pagarán los gamusinos!





* Sin duda la estimación exige matices pues cambiará el efecto sustitución, seguirá en vigor el progresivo retraso de la edad de jubilación y puede cambiar la esperanza de vida, pero como marco de análisis nos sirve.

Adjunto una entrevista que se me hizo sobre el tema:
http://www.azperiodistas.com/andres-gonzalez-la-tranquilidad-de-los-pensionistas-es-fundamental-se-lo-merecen/2994
Y la tertulia de Capital Radio en el que se abordó este post:
http://capitalradio.es/iva-irpf-impuestos-subimos-pagar-pensiones/?doing_wp_cron=1520931915.0538699626922607421875

miércoles, 14 de febrero de 2018

Las autonomías a examen

Doy espacio en mi blog a esta iniciativa en la que participo como firmante inicial y que insta a nuestros legisladores a una revisión crítica del funcionamiento del Estado en su papel en pro de la libertad e igualdad de todos los españoles.

Les invito a secundar la iniciativa en la que caben muchas fórmulas siempre que ninguna haga retroceder la armonización o evite la necesaria responsabilización con lealtad de cada nivel administrativo en la tarea del bien común. 

















Excmo. Sr. diputado,
Presidente de la Comisión
para la evaluación y modernización del Estado autonómico:

Los abajo firmantes, todos profesionales de la sociedad civil comprometidos de la manera más noble con la política española al servicio del bien general, en nombre propio y en ningún caso en nombre ni representación de ningún partido político, desean someterles, a usted, a sus Señorías y a la Comisión que usted preside, las siguientes consideraciones, con el mejor espíritu de colaboración:

1/ Valoramos con entusiasmo y admiración su interés por escuchar al mayor número de representantes de la sociedad civil, cubriendo una amplísima horquilla que va desde eminencias académicas hasta artistas renombrados.

2/ Consideramos los trabajos de la Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico trascendentales, ya que suponen la primera valoración seria de los cimientos sobre los que hemos intentado levantar nuestra democracia, al servicio del bien común de la mayor mayoría posible, y, por ende, el punto de partida sobre el que debería asentarse nuestro futuro democrático, a la vista de la crítica situación que atraviesan nuestra convivencia y la solidez de nuestra democracia.

3/ Compartimos una inquietud que se deduce de algunas lecturas. Tenemos la impresión de que la evaluación del sistema autonómico que su Comisión está realizando padece un sesgo inicial al dar por supuesto que el sistema ha sido un éxito (y caben muchísimas dudas) y que el objetivo es apuntalarlo. Consideramos más apropiado hacer una valoración integral exenta de apriorismos.

4/ Nuestros único deseo es colaborar como ciudadanos comprometidos con la ciudadanía española y su mejor futuro, haciendo algunas sugerencias:

A/ Rogamos que el análisis que están efectuando, como representantes que son de    toda la ciudadanía española, se haga desde la mayor independencia y desde la total honestidad intelectual insobornable, y su labor no se viera entorpecida o mediatizada por  intereses partidistas o corporativos. Lo que tienen entre manos supera la pugna partidista y atañe a los valores superiores de una democracia.

B/ Pedimos que se asesoren con los mayores y más independientes expertos nacionales y extranjeros. Rogamos también que en toda materia cuantificable, por ejemplo en cuestiones económico-sociológicas, empleen los indicadores de mayor credibilidad y objetividad.

C/ Rogamos que sean conscientes de la trascendencia de su trabajo, incluso en términos históricos, y les animamos a no someter la calidad del resultado, que debiera ser sólidamente fundamentado, a criterios de urgencia.

D/ Desearíamos que aplicaran la doctrina del diagnóstico basado en la evidencia.

5/ En este contexto nos permitimos indicarles las áreas y los temas que consideramos claves y es indispensable se vean reflejados en su trabajo final.

I/ ÁMBITO POLÍTICO

Entendemos que el análisis no puede dejar de examinar el papel del modelo autonómico en la actual crisis española que está llevando a disrupciones secesionistas en Cataluña, País Vasco, Navarra. También nos parece elemental estudiar el papel disolvente que pueda haber tenido la excepcionalidad vasco-navarra. El modelo actual parece haber debilitado, mucho más allá de lo que es razonable, el sentido de pertenencia a un secular proyecto común llamado España y sus virtudes frente al secesionismo excluyente. Convendría plantearse si España es un Estado descentralizado o más bien un sistema con diecisiete centros de decisión territorial enfrentados entre sí que obstaculizan la implementación de políticas nacionales y que debilitan letalmente la unidad de mercado. Es necesario plantearse con total seriedad si el modelo resulta el más beneficioso para impulsar la solidaridad, la igualdad y la prosperidad de una democracia de ciudadanos libres e iguales. Más bien al contrario. Tenemos la impresión de que el modelo autonómico ha repercutido negativamente en la calidad de nuestra democracia y en la de su Estado de Derecho.

II/ÁMBITO ECONÓMICO 

Nos parece fundamental estudiar con objetividad las consecuencias del desarrollo autonómico sobre la prosperidad y el bienestar españoles. Sería menester evaluar los efectos de la mayor inseguridad jurídica, de la pérdida de unidad de mercado sobre los costes de transacción, la movilidad laboral, sin olvidar el efecto de las barreras lingüísticas sobrevenidas y la persistencia de disparidades en las tasas de desempleo, los costes financieros imputables a alguna competencias transferidas comparados con su no transferencia, los resultados de haber transferido el 50% del IRPF, las duplicidades administrativas, la laxitud de los controles administrativos y el aumento disparatado de la corrupción, la caída de la pendiente de la recta de crecimiento potencial del PIB, etc. Convendrá analizar la dificultad para realizar estructuras a nivel nacional por la fragmentación estanca o adversa de los españoles. Así como las políticas del agua, de ordenación del territorio, energética, etc. En pocas palabras, sería deseable cuantificar el sobrecoste, o no, achacable al Estado de las Autonomías, y el efecto reductor o no de su potencial de crecimiento igualitario. De hecho, algunos de los firmantes de esta carta añoran desde hace tiempo la realización de un estudio riguroso e imparcial que cuantifique el impacto del sistema autonómico sobre la prosperidad actual y potencial de los españoles. Tienen por fin, sus Señorías, la posibilidad de hacerlo. Nos atrevemos incluso a sugerir la creación de una subcomisión específica para ello, dada la complejidad y tecnicidad del tema.

III/ ÁMBITO SOCIAL

Entendemos indispensable y prioritario medir las consecuencias del desarrollo del modelo autonómico sobre la igualdad política y social de los españoles. No de los territorios, que son entes administrativos reformables y cambiables, sino de los ciudadanos de la democracia. Igualdad en derechos políticos, en oportunidades y en disfrute de las mismas prestaciones sociales, de la misma calidad, lo que se obtendría facilitando la movilidad y no con proliferación de centros. De hecho, ese es el tema capital que deben abordar y al que la ciudadanía será más sensible y exigente. Partimos del principio de que sus Señorías, en el más puro espíritu de nuestra Constitución y de la ética de la Ilustración, creen, como nosotros y como la inmensa mayoría de los españoles, en una democracia española de ciudadanos radicalmente libres e iguales.

Además será necesario que valoren los efectos, beneficiosos o no, sobre servicios tan trascendentes como la educación, la salud, la justicia y la seguridad a través de los Cuerpos de Seguridad. Se debe examinar con detenimiento el adoctrinamiento escolar, la eliminación del español, idioma común, como lengua vehicular y su casi completa desaparición en algunas administraciones autonómica y locales, así como en los medios de comunicación públicos. Hay abundante evidencia que sugiere que se han producido desajustes muy graves que merman la eficacia de nuestro sistema educativo, sanitario, judicial y policial.

Merece la pena recalcar la imperiosa necesidad de evaluar las consecuencias del desarrollo del modelo autonómico en los ámbitos torales de la educación y de la sanidad. Concretamente en el campo de la educación, donde no hace falta recordar la posición española en los distintos rankings mundiales o europeos, convendrá evaluar los efectos ejercidos por la fragmentación en diecisiete ámbitos educativos, la pérdida de “currícula” nacionales, las dificultades y deficiencias de la alta inspección, las desigualdades para el acceso y para las ayudas, la situación de la enseñanza universitaria pública repartida en una pléyade de pequeñas universidades, la política lingüística y la falta de movilidad de los profesores.

Los otros efectos cruciales que deberán ser estudiados minuciosamente a nuestro juicio, son los derivados de las diferencias en las prestaciones sanitarias según territorios en calidad, cantidad y especialidad. No hay desigualdad más intolerable ni socialmente dañina que la conciencia de que la atención sanitaria pública del vecino es mejor o más barata, o sencillamente realizable, solo por vivir unos kilómetros más allá. Y vistas las dificultades de financiación que representa hoy en día esa área convendrá evaluar, tal vez, dos aspectos: en qué medida el modelo de las autonomías impide ser tratado en cualquier parte de España, rompiendo la movilidad, y segundo, en qué medida impide que la financiación se dedique en primer lugar a asegurar una atención homogénea para todos los españoles antes que a atenciones específicamente regionales, lo que rompe una igualdad básica irrenunciable.

Capítulo que merece ser destacado es la evaluación de la situación actual de cara a la sagrada seguridad y a la eficacia en la protección de las libertades de los españoles. Los trágicos atentados en las Ramblas, por ejemplo, han puesto a la luz varias evidencias que entendemos, deberán ser analizadas bajo el prisma de la necesidad de asegurar la plena e igual seguridad a todos los españoles.

También puede ser útil plantearse el resultado del modelo autonómico en lo relativo al sentido de solidaridad individual de los españoles, base fundamental de una convivencia en democracia en torno a un proyecto social común. En España, actualmente, es imposible establecer una renta mínima de inserción igualitaria, algo por lo que se está luchando a nivel europeo. La libertad, la igualdad y la fraternidad son valores intocables que no pueden ser impedidos en nuestra sociedad y nuestra democracia.

IV/ ÁMBITO EUROPEO

Será necesario, a nuestro juicio, evaluar los problemas de gobernanza que puede haber ido creando el modelo autonómico, redundando en la eficacia, potencialidad y eficiencia de construir una democracia moderna de ciudadanos. Muchos problemas de gobernanza,a la luz de experiencias concretas de varios firmantes, dificultan enormemente la transposición de la normativa comunitaria al derecho nacional, convirtiéndola en conflictiva, litigiosa, inoperante o imposible de aplicar. Esta situación no favorece el papel dinámico y activo que podría jugar el Reino de España en la construcción de Europa en un momento clave para su relanzamiento. Por eso estimamos que es muy importante que sus Señorías evalúen las consecuencias del modelo autonómico en las potencialidades de España para optimizar su papel en la UE y los beneficios que le procura actualmente esa pertenencia.

6/ Conclusión

Señor Presidente, le agradecemos a Ud. y a todas las Señorías miembros de esta Comisión la paciencia y el interés con los que esperamos hayan leído esta carta, que pretende ser una aportación de una parte la sociedad civil, políticamente concienciada y ajena a toda consigna a la construcción del futuro de una mucho mejor democracia de ciudadanos españoles. Por supuesto, pueden contar con el total apoyo de los firmantes para recalcar y proclamar la gran trascendencia y complejidad de su trabajo, y con nuestra colaboración si lo consideraran de interés.

Acepten, Sr. Presidente y sus Señorías, nuestros deseos de éxito para el bien de todos.

Atentamente,

Firmantes y promotores

María Castillejo Martínez
Jurista
Enrique Calvet Chambon
Presidente de ULIS y eurodiputado
José Antonio Cordero Fuertes
Profesor en École Polytechnique
Andrés González López
Economista
Pepa Labrador Barrafón
Catedrática de Lengua y Literatura españolas
Carmen Leal Adan
Profesora de Lengua y Literatura españolas
Félix Ovejero Lucas
Profesor de la Universidad de Barcelona (UB)
Clemente Polo Andrés
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB) y presidente de Regeneración Democrática
María Jesús Prieto Laffargue
Académica y Ex Presidenta de la Organización Mundial de la Ingeniería
José V. Rodríguez Mora
Catedrático de economía, Universidad de Edimburgo
María Santos Montesinos
Economista
Iván Vélez Cipriano
Arquitecto y escritor

martes, 16 de enero de 2018

Discurso institucional del Presidente de Tabarnia en el exilio.


sábado, 11 de noviembre de 2017

El catalanismo entre Otegui y Urkullu

La república catalana ha quedado a medio camino entre la Atlántida, Cagancho en Almagro y el Palmar de Troya. La nueva Jerusalén con tractores, sensiblonería y barretinas se sume sepultada en la fosa abisal del ridículo por el unánime desprecio internacional. Temí que Puigdemont fuera Koresh en Waco, por suerte es más español y se quedó en un injerto entre el Dioni y el Papa Clemente.


















El patético fiasco del golpe de Estado de las sonrisas (que mutaron en llanto, humillación y rabia) debería ser suficiente para que la vergüenza enterrara esas aspiraciones durante décadas. No será así. El secesionismo ha demostrado ser inmune al pudor, la realidad y los argumentos. La huida de Puigdemont, la negativa a responder a los jueces y fiscales de los consellers y el constitucionalismo de nuevo cuño de Forcadell tienen por chocante que parezca algo en común: son genialidades tácticas, favorecen el Procés y muestran la superioridad de la raza de los independentistas catalanes frente a los rústicos españoles. El nacionalismo no durará menos que su padre el carlismo y aunque ha sido derrotado por los hechos, lamentablemente, seguirá dando batalla aún durante demasiado tiempo.

El independentismo en Cataluña no quiso repetir el fracaso de Ibarretxe, consciente de su posición inmensamente minoritaria en la España soberana de la que forman parte decidió suicidarse tomando Batasuna como ejemplo, obviamente la violación sistemática del código penal estaba en este carrer. Y así hemos llegado hasta aquí, con una minoría acantonada en posiciones de fuerza muy locales mientras sus líderes sufren ya un horizonte penal más propio de perros callejeros esclavos de la heroína que de representantes democráticos de un país ejemplar como el nuestro.
















Las revoluciones no son juegos florales, ni festivales de humor, implican romper las instituciones y eso precisa muchísima violencia, puede ser militar, terrorista o de desobediencia desde el poder, siempre suponen mucho daño, un doloroso parto estéril cuyo fruto siempre compensa a ojos de sus feligreses. Cualquier democracia avanzada se protege con buen criterio de esta clase de adolescentes y nocivos caprichos adanistas,  el código penal no incluye la sedición o la rebelión por casualidad. La convivencia se defiende de los sueños particulares, por populares que sean en una franja de edad, raza, tierra o religión. A las montañas de recursos malversados se unen acusaciones de delitos muy graves de los que la mayoría aún se autoinculpan con la peregrina excusa de que estuvieron en un programa electoral y que se acercaron al 50% de votos en 4 provincias en unas elecciones autonómicas. Salvo mayúscula sorpresa habrá condenas y largas para los presuntos delincuentes. Dicen de modo infantil que no ha habido violencia como el yonqui que pedía su cuestación para un pico por las buenas avisaba de que (aún) no lo pedía por las malas.
























La campaña de las elecciones autonómicas puede plantearse como plebiscito del plebiscito, como aplausómetro de la (mala) performance (que tanto nos lleva aturrando) o como amnistía al Pujolismo y su simbólica secuela. Los partidos son muy dueños de tratar de estafar de nuevo a sus potenciales votantes prometiendo lo que no está en su mano, los ciudadanos también son libres de dejarse engañar o hacer como que lo están siendo, pero lo que se vota es la elección de diputados de la comunidad autónoma catalana en el Reino de España, eso y no otra cosa, si los nuevos diputados decidieran formar gobierno con el objeto de repetir otro Golpe de Estado el resultado será el mismo que el de Puigdemont, Junqueras y Forcadell: 155 recortadito y otro lento (pero pesado) proceso penal. Ganarán los constitucionalistas pero si desgraciadamente no lo hacen, los diputados que tomen posesión podrán elegir entre ser Otegui o Urkullu. Me podrán decir que los indepes catalanes recientes no secuestran, ni usan el asesinato como herramienta política ¡pero callarán que Otegui no se ha atrevido a derogar la Constitución, ni ha malversado, ni estafado tanto! 


De nuevo como hace dos años los residentes en Cataluña tienen una gran oportunidad para acabar con este turbio negocio familiar.

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